Agilidad en el Sector Público: el comienzo de una transformación gubernamental en el marco del Gobierno Abierto

La pandemia de Covid-19 cambió nuestras vidas y la manera de pensar y actuar de las organizaciones, tanto gubernamentales como privadas. Los gobiernos y administraciones públicas tomaron plena conciencia de la naturaleza inestable, volátil, incierta y compleja del contexto en el cual debían formularse e implementarse las políticas públicas. El modelo tradicional de gestión de tales políticas se tornó prácticamente obsoleto ya que los tiempos de planificación se redujeron drásticamente y fue necesario, en la mayoría de los casos, dar paso a la acción de manera temprana e ir ajustando y evolucionando sobre la marcha.

En este escenario particularmente desafiante, cada vez más se necesitan enfoques de diseño y gestión tolerantes a cambios, cobrando especial importancia las “metodologías y marcos ágiles”, que hasta el momento han mostrado ser eficaces en ámbitos privados y que están actualmente extendiendo su aplicación al sector público.

Existen diferentes informes e investigaciones que dan cuenta del desembarco de la agilidad en las organizaciones públicas iniciando así una probable transformación gubernamental que promueve según reviste el Banco Mundial “nuevas formas de trabajo veloces y ágiles que ponen a las personas al frente, ya sean empleados, usuarios o gestores de políticas públicas” Sólo por citar un ejemplo, un estudio reciente realizado por la reconocida consultora BCG que involucra a 23 instituciones del sector público en Australia, Alemania, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, reveló una notable adopción de la agilidad fundamentalmente en las áreas de IT, en el diseño de políticas públicas y en la prestación de servicios públicos, mostrando a su vez interesantes resultados, entre ellos el aumento de hasta un 50% en la velocidad de entrega de servicios públicos y la mejora de hasta un 25% en la satisfacción ciudadana.

Según Agile Alliance, “ágil es la capacidad de crear y responder al cambio. Es una forma de lidiar con un entorno incierto y turbulento y, en última instancia, de tener éxito en él. Realmente se trata de pensar cómo puede comprender lo que está sucediendo en el entorno en el que se encuentra hoy, identificar qué incertidumbre enfrenta y descubrir cómo puede adaptarse a eso a medida que avanza.” Adaptado al sector público, podría definirse a la agilidad como la capacidad de dar respuesta a las necesidades y problemas públicos cambiantes de manera efectiva, en entornos volátiles e inciertos.

En términos simplificados, la aplicación de la agilidad a la gestión de las políticas públicas debiera involucrar al menos los siguientes aspectos para marcar un cambio significativo en la forma en que las políticas se diseñan y se ponen en práctica para el beneficio de la sociedad:

Participación ciudadana en el nivel de colaboración: la agilidad requiere de la participación activa por parte de la ciudadanía y los actores involucrados en un problema público a intervenir a partir de una política pública, pero esa participación reviste el carácter de vinculante permitiendo al ciudadano formar parte de la toma de decisiones junto al gobierno.

Planificación adaptativa y respuesta al cambio: la agilidad propone un tipo de desarrollo de políticas públicas evolutivo y adaptativo. La planificación consiste en diseñar un plan de alcance general que será detallado en la próxima iteración y que se ajustará según las necesidades y cambios que surjan sobre la marcha.

Iteración, retroalimentación y mejora continua: la agilidad se basa en un enfoque iterativo de gestión de políticas públicas. Los ciudadanos, en su rol de destinatarios de las mismas, son convocados para brindar retroalimentación continua, permitiendo un mejor calibrado y ajuste a sus reales necesidades y expectativas.

Entregas incrementales de valor público: la agilidad propone el uso de ciclos de trabajo más cortos (sprints) y la realización de entregas incrementales de valor público. A diferencia de las metodologías más tradicionales, en las cuales los plazos que conlleva el diseño, la formulación, la planificación e implementación de las políticas públicas dificultan poder generar resultados para los destinatarios de manera temprana, las metodologías ágiles aceleran la entrega de valor público.

Estructuras flexibles y equipos autónomos: la agilidad supone priorizar estructuras más flexibles y con capacidad de adaptación por sobre estructuras jerárquicas del tipo mando y control y la existencia de silos en la administración pública. A su vez, promueve la conformación de equipos de trabajo multifuncionales, multidisciplinarios, autónomos y empoderados, que toman decisiones de manera consensuada con el apoyo de sus líderes, para los cuales existe la posibilidad de experimentar y equivocarse.

Como toda transformación a nivel gubernamental tiene sus desafíos, más aún por tratarse en este caso de un cambio de mentalidad (agile mindset) y cultural que pone en jaque mate a la burocracia tradicional pre existente. Esta cuestión no es fácil de soslayar, pero tampoco lo fue en su momento el paradigma emergente del Gobierno Abierto y hoy, 15 años después de su re surgimiento, estamos siendo testigos de múltiples y grandes avances por parte de los gobiernos a diferentes niveles y en varios países.

Asimismo, los principios del Gobierno Abierto, postulan la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la colaboración y la innovación por parte de los gobiernos. Por tanto, no sería descabellado pensar que la implementación de la agilidad en la gestión de políticas públicas que lleva adelante un gobierno que adhiera a este al paradigma, encuentre al menos un campo más fértil para su desarrollo. Lo anterior no sólo tiene que ver con la consistencia entre los principios que ambos promueven sino con la oportunidad que supondría un apalancamiento mutuo o círculo virtuoso entre ambos enfoques.

Finalmente, tal y como postula Graglia (2019), “en política, innovar es diseñar y gestionar políticas que busquen el bien común, la satisfacción social y la aceptación ciudadana” lo cual requiere en nuestros días, repensar la manera en que las políticas públicas son capaces de lograr tales objetivos en entornos VUCA (de las siglas en inglés: Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) y con ciudadanos cada vez más exigentes que requieren soluciones cada vez más rápidas. Por tanto, la agilidad se presenta como una interesante oportunidad para mejorar la gestión de dichas políticas, toda vez que propone un enfoque adaptable, colaborativo, que responde a los cambios de manera efectiva y que entrega valor público a los ciudadanos de manera continua.