La prevención como eje clave en la lucha contra el lavado de activos

Esta disciplina, relativamente nueva, pero de gran impacto, abarca tanto a la economía como a la seguridad de los Estados en un mundo cada vez más interconectado. La delincuencia organizada a nivel internacional ha obligado a la comunidad global a adoptar regulaciones estrictas para combatir estos delitos que trascienden fronteras. En este contexto, Argentina ha implementado un sólido marco regulatorio que involucra a profesionales de diversas áreas, como abogados y contadores, quienes deben contar con una formación especializada para cumplir eficazmente con sus responsabilidades.

Con el objetivo de reforzar este enfoque preventivo, la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por Ignacio Martín Yacobucci, y Universidad Siglo 21, bajo la rectoría de María Laura Rosso, firmaron un convenio de cooperación recíproca. Este acuerdo tiene como finalidad fomentar la cooperación, la complementación y el intercambio académico para fortalecer el desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y potenciando la investigación científica, tecnológica, social y cultural.

En el marco de este convenio, se firmó el primer acuerdo específico firmado por Abel Sánchez Torres, director de la Especialización en Derecho Penal Tributario y Económico de Universidad Siglo 21, para lanzar el curso de posgrado Programa de Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa orientada a formar profesionales con conocimientos avanzados en esta área crítica. Este programa busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para prevenir y combatir de manera efectiva el lavado de activos y otros delitos financieros. Dada la relevancia de estos temas, contar con una formación especializada es fundamental para que los profesionales puedan desempeñar un rol activo en el cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales.

La creación de este curso representa un paso adelante en la formación de posgrado, al tiempo que refuerza el compromiso de ambas instituciones con la construcción de una sociedad más segura y protegida frente a la amenaza del crimen organizado y la financiación ilícita.